Pablo Ureta, su hijo wilson y su hermana Laura celebran su cimpleaños el 21 de septiembre de 2000 en Columbia, Mo. (Cortesia de la familia Ureta) Doble condena para Pablo Ureta Tracy L. Barnett A LOS 18 años, Pablo Ureta era como muchos jóvenes estadounidenses —se relacionó con malas compañías, y usó drogas. Se vinculó con un grupo de jóvenes que traficaban marihuana. Lo detuvieron, enjuiciaron y sentenciaron a 14 meses en la cárcel. En 1994 fue cuando Ureta vivió los hechos que cambiaron su vida para siempre. Él no tenía idea de cuánto cambiaría, hasta mayo de este año. Ureta fue a la cárcel y cumplió su condena. Se casó con su novia de la secundaria, y tuvieron un niño al que llamaron Wilson. Se comprometió a no nunca más usar drogas, y a evitar cualquier cosa que pudiera causarle problemas. Consiguió trabajo en una compañía instalando equipos de telecomunicaciones, y trabajó allí por cinco años. Pero no quería detenerse aquí. Quería volver a estudiar y conseguir un título para poder tener más oportunidades y mejorar la situación de su familia. Le dijeron que para entrar en un programa de capacitación, necesitaba ir a la oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización —INS—, en Kansas City y hacer los trámites para renovar su residencia. Porque, a pesar de haberse criado en los EE.UU., Ureta nació en Uruguay. Su madre, veterinaria, vino con sus tres hijos a los Estados Unidos poco después de morir su esposo, con una beca de las Naciones Unidas. Pablo tenía 8 años. A pesar de las dificultades económicas, Nancy Malugani proporcionó una buena vida para su familia, trabajando como profesora de español en una escuela secundaria de Columbia, y Ureta creció como cualquier niño estadounidense. Cuando decidió renovar su residencia, Ureta no tenía la menor idea de lo que le esperaba. En la mañana del 24 mayo, besó a su esposa y salió rumbo a Kansas City para hacer el trámite. Nunca regresó. Ahora, el joven uruguayo espera en un centro de detención del INS en Topeka, Kansas. Lo que le espera es una deportación automática bajo la ley de Inmigración de 1996 que empeoró la situación de los inmigrantes que tienen antecedentes policiales como el de Pablo Ureta. Aún cuando éstos hayan cumplido con su condena, se hayan rehabilitado y se hayan convertido en buenos ciudadanos, a pesar de estar casados con una ciudadana estadounidense y de tener un hijo estadounidense. Ni Ureta ni su esposa hablan español, y hay pocas posibilidades de que él consiga trabajo en un país con una situación económica desastrosa como la del Uruguay. No tiene familia ni amigos en su país natal que lo puedan ayudar una vez que llegue al aeropuerto de Montevideo. Si lo deportan, su esposa no tiene planes de acompañarlo. Su hijo de cinco años no tiene la menor idea de lo que está pasando con su papá. Su familia está desesperada. A Pablo Ureta le quedan dos remotas posibilidades para poder quedarse en el país. Una es el perdón del gobernador de Missouri —la familia está haciendo circular una petición para pedir tal perdón al Gobernador Bob Holden. La otra es que pase un proyecto de ley federal, la Ley de Reunificación Familiar (Family Reunification Act). Esta ley permitiría que un juez estadounidense considerara a la familia de Ureta y su buen comportamiento en los últimos siete años. Para firmar la petición, vaya al www.petitionpetition.com bajo el título: “Save an American Family from Permanent Separation”.