La increible argentina de todos los días Hugo Alconada Mon “DOCTOR MENEM, A partir de este momento queda detenido a disposición de mi juzgado por los artículos 210 y 293 del Código Penal”, dijo el juez Jorge Urso, quien se había parado para pronunciar la frase de rigor. “¿Dónde?... ¿Puede ser arresto domiciliario, doctor?”, preguntó Menem sentado en una silla de cuero bordó. “Sí, doctor, ya arreglaremos el lugar de su detención”. Eran las 10,23 del jueves 7 de junio de 2001 y Menem se convirtió en el primer ex presidente constitucional de la República Argentina que, habiendo sido electo por las urnas, quedaba detenido durante una democracia por orden de un juez competente. “Usted está cometiendo una injusticia”, agregó el ex presidente, pero era demasiado tarde. Todo estaba dicho. *** El derrotero comenzó en 1991. La guerra en los Balcanes tuvo su capítulo sudamericano, cuando la Argentina “exportó” un cargamento de pólvora y armas con destino final en Croacia. En 1995 la novela vivió su segundo capítulo. La guerra entre Ecuador y Perú — conflicto en el que Argentina era garante del acuerdo de paz — también sirvió de marco para una nueva venta de armas y pólvora que llegó a Quito. En total, se vendieron 6.500 toneladas de armamento y pólvora. Es decir, seis millones quinientos mil kilos de armas. Pero los problemas comenzaron de inmediato. En marzo de 1995 una denuncia presentada por un abogado particular poco conocido por entonces, Ricardo Moner Sans, impulsó una investigación que seis años más tarde contiene cerca de 100 expedientes y 200 mil fojas, en las que están imputados penalmente 46 personas, entre ellas varios ministros y secretarios de Estado y, desde el jueves 7, el ex presidente de la Nación. A todos ellos se les imputa algún grado de participación en la organización, práctica o encubrimiento del tráfico ilegal de armas, que conlleva además el encuadre penal de la asociación ilícita y la falsificación ideológica de decretos presidenciales. En otras palabras, que numerosos funcionarios públicos se confabularon y se beneficiaron de sus puestos gubernamentales para delinquir. Pero además, los argentinos quedaron absortos al enterarse de los avances de otra causa penal más “sangrienta”. En efecto, los fiscales que intervienen en otro Juzgado federal buscan determinar si existe alguna conexión entre el tráfico de armas por el que quedó detenido Menem y el estallido del polvorín de una fabricación militar en la provincia argentina de Córdoba. La explosión de noviembre de 1995, que ahora se duda si fue intencional o accidental, provocó la voladura de un pueblo, la muerte de más de una decena de personas y las heridas de otros 2 mil habitantes. *** Las pruebas acumuladas en los tribunales hasta el momento son elocuentes, pero no terminantes. Se sabe en los decretos presidenciales figura que las armas se exportaron a Venezuela y Panamá, país célebre en el mundo por carecer de Fuerzas Armadas. Pero que el armamento en la práctica se desvió a Croacia y Ecuador. También se sabe que se habrían cobrado coimas, reintegros o favores económicos por las armas. Esto permitiría descartar la teoría esgrimida por el círculo íntimo del ex presidente, que en las últimas semanas afirmó que todo se debió a un pedido de colaboración de los Estados Unidos. De acuerdo a esta hipótesis, el gobierno estadounidense habría solicitado a los funcionarios argentinos que ayudaran a estos países, proveyéndoles de armas pese al embargo internacional, algo que los gobiernos de George Bush y, luego, de Bill Clinton no podían hacer por sí mismos para no generar un conflicto mayúsculo, pero que sí permitió a la Argentina, dejando circular los embarques. Sin embargo, el cobro de dinero destruye la hipótesis. Si se trató de una decisión política, ¿por qué algunos funcionarios recibieron dineros en sus cuentas bancarias secretas? *** Tres datos. Primero, el gobierno nacional presidido por Fernando de la Rúa sostiene como única posición oficial que promueve la independencia del Poder Judicial y que no desea inmiscuirse, ni opinar, sobre las decisiones de los magistrados. En realidad, la clase política no sabe qué ocurre en la Justicia. Más claro, los políticos no saben a qué atenerse: si se trata de la versión argentina de un mani pulite o si sólo se enfrentan a un juez desesperado por encontrar una salida a su propio entuerto. En efecto — y esta es el segundo dato —, el juez Urso no es una garantía del debido procesal. Siempre se lo señaló como un juez proclive a favorecer al gobierno menemista e, incluso, de estar inmiscuido en una lista de magistrados “manejables” por aquella gestión, lista conocida como la servilleta. Ahora, el cambio de gobierno nacional, el impulso del fiscal federal Carlos Stornelli, el respaldo de la Cámara Federal y la presión que ronda sobre la cabeza del magistrado por una investigación sobre su presunto enriquecimiento ilícito, figuran entre las explicaciones de las hasta entonces imprevistas decisiones del Juzgado. El tercer dato es el más relevante. La Argentina vive un período económico muy preocupante. En una meseta recesiva desde hace ya tres años, el país virtualmente se devoró en apenas unas semanas una ayuda financiera internacional de 40 mil millones de dólares — conocido como el blindaje — y ahora define su futuro con un canje de títulos de deuda externa a tasas que rondaron el 15 por ciento anual. La incógnita que subyace entonces en el inconsciente colectivo es similar, pero distinto, a la esgrimida por la clase política. ¿La Argentina inicia un estadio de Estado de Derecho real, alejada de la idea de impunidad para unos pocos, o sólo presencia lo que en realidad es una inmensa cortina de humo promovida para distraer la atención de otros asuntos acuciantes? ¿Justicia o Marketing? Hugo Alconada Mon es abogado y periodista argentino. Especializado en el área de la Comunicación Política, completó con honores un máster en la Universidad de Navarra, España, y vivió algunos meses en Columbia como profesor visitante de la Universidad de Missouri.