Varios soldados observan los cuerpos de cinco rebeldes de las FARC, en San Rafael, el 10 de Marzo. De acuerdo con el ejército, los rebeldes fueron eliminados cuando trataban de hacer explotar un puente de la región. (Luis Benavides/AP) Francisco Ugarte EL 28 DE febrero del 2002 Gilberto Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleo, Unión Social Obrero (USO) fue secuestrado cuando regresaba a casa después de su jornada laboral. Hoy nadie sabe de su paradero. La última víctima de una serie de secuestros a miembros del Sindicato de trabajadores de Petróleo fue Aury Sara Marrogo, cuyo cadáver se encontró con muestras aparentes de tortura. Sara era uno de los 159 sindicalistas asesinados en Colombia en el 2001 y uno de aproximadamente 4,000 asesinados desde 1986. Colombia se considera el lugar más peligroso del mundo para sindicalistas. La gran mayoría de estos crímenes han sido ejecutados por la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de derecha, considerada por el gobierno de los Estados Unidos como un grupo terrorista. La violencia colombiana que ha dejado más de 40,000 muertos en diez años está estrechamente conectada con la crisis económica del país cuyos efectos se ven en el alto nivel de desempleo (20 % de la población) y la gran cantidad de personas que viven en la miseria (55 %). La crisis se ha visto agravada por la política económica del Banco Mundial y el Fondo Monetario Mundial, que obliga al gobierno a suspender los beneficios sociales, garantizados por el gobierno colombiano desde hace una década. Un caso particular es el de Barrancabermeja, donde se encuentra Ecopetrol, una refinería estatal con ganancias de más de 2 billones de dólares al año. Pero la mayoría de los dividendos, más de dos terceras partes, se van a las arcas de las empresas multinacionales. Además, tales empresas están en proceso de cambiar la proporción de las ganancias llevándose un 90 % y dejando sólo un 10 % al gobierno. USO y otras organizaciones locales se han resistido a la economía neoliberal de Barrancabermeja. De hecho, los sindicatos han organizado huelgas, en contra de la privatización. En muchos casos, ellos han tenido éxito. Sin embargo, el año pasado, después de los 11 asesinatos de líderes sindicalistas y las continuas amenazas contra miembros de las organizaciones laborales, mucha gente se ha retirado. A pesar de la presencia de tres bases militares en Barrancabermeja, el año pasado, no hubo ninguna confrontación entre las fuerzas armadas colombianas y los paramilitares. Sin embargo, en 1998, un grupo paramilitar cruzó un retén establecido por el ejército y mató a siete personas. Los altos mandos militares de Colombia no ofrecieron ninguna explicación por su falta de acción. Barrancabermeja es sólo una de las muchas ciudades en donde el orden público apenas existe. En toda Colombia, sindicalistas de todos los sectores han sido y siguen siendo víctimas de asesinatos, casi todos a manos de la AUC. No obstante, el Informe sobre los Derechos Humanos preparado por el Departamento de Estado de los EE UU del 2001 cita algunos casos, en los cuales las fuerzas armadas colombianas han colaborado con los paramilitares en cometer abusos contra los derechos humanos. Cuando viajé a Barrancabermeja, comprobé la existencia de tales abusos. Las víctimas le contaron todo a Acción Permanente Por la Paz. Afortunadamente, ahora hay mayor conocimiento de la situación colombiana por parte de la comunidad laboralista internacional. Algunos sindicatos norteamericanos como los de las industrias de acero, energía y minería han condenado al gobierno colombiano por abusos a los derechos humanos. John Sweeny, presidente del sindicato más numeroso de EE UU (AFL-CIO), asimismo, ha denunciado las matanzas de sindicalistas colombianos. Mientras la comunidad internacional se preocupa cada vez más por la situación crítica en Columbia, los Estados Unidos sigue brindando apoyo financiero y militar a este país, manifestado en el “Plan Colombia”. Adicionalmente, el presidente Bush ha recomendado aumentar 83 millones de dólares a este plan —además de los fondos ya enviados— para proteger un oleoducto de la empresa Occidental Petroleum contra ataques de la guerrilla. Dicha recomendación representa un cambio fundamental en la política de EE UU frente a Colombia. Antes era apoyar “la lucha contra el narcotráfico” ahora es ayudar “contra la insurgencia” y la protección de inversiones petroleras estadounidenses. Está claro que el apoyo militar de EE.UU a las fuerzas armadas colombianas vinculadas con los paramilitares no es el camino hacia la paz ni menos a la seguridad. EE UU debe abogar por una paz negociada entre el gobierno y la guerrilla. Antes de proveer mayor apoyo militar, habrá que confirmar el compromiso del gobierno colombiano —de palabra y de hecho— para acabar con el conflicto militar y asegurar la seguridad a todos sus ciudadanos. Francisco Ugarte, ex residente de Columbia, Mo., y graduado de Hickman High School, participó recientemente en una delegación de Testigos por la Paz y Global Exchange. Él pasó diez días entre Bogotá, la capital de Colombia, y Barrancabermeja, una ciudad ubicada en el corazón del conflicto.