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Lori Berenson, a la derecha, escucha al testimonio de Miguel Rincón, el líder condenado del grupo guerrillero Tupac Amaru (MRTA) durante su juicio civil en Lima, Perú, en abril. Berenson, originaria de Nueva York, está acusada de colaborar con el MRTA. (AP/Martin Mejía)

¿Justicia negada?
El caso de Lori Berenson

Miguel Ugarte

LA CAUSA CELEBRE de Lori Berenson ha sido motivo de abundantes y diversas opiniones en la prensa peruana. Aunque pocos estadounidenses le hacen mucho caso con excepción de los padres de Lori y unos grupos dedicados a su defensa, la verdad es que a los ciudadanos del “país de las libertades,” nos debería interesar.

Hija de profesores universitarios neoyorquinos y estudiante de antropología de MIT en los años 80, Berenson viajó a Centro América con un grupo de individuos interesados en las dificultades políticas y económicas de los campesinos, indígenas y marginados. Colaboró con CISPES (Committee in Solidarity with the People of El Salvador, organización al cual el autor de este artículo ha contribuido en más de una ocasión). Luego en 1994 se dedicó al periodismo, interesándose por su desgracia a la situación política del Perú. Allí fue detenida en noviembre de 1995 por “traición a la patria” — ¿se puede saber qué patria? — y por alegadas actividades relacionadas con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, uno de varios grupos armados peruanos, el cual tuvo su momento culminante en 1996-97 cuando ocupó la embajada japonesa en Lima. Después de tres meses de negociación (o no-negociación), la respuesta del entonces presidente Fujimori — si es que se puede llamar presidente — fue rotunda. Ni un revolucionario quedó vivo, lo cual fue para el presidente/dictador un gran triunfo contra la barbarie. Sin embargo, después de las elecciones peruanas del verano pasado, la subsiguiente dimisión de Fujimori, los abusivos escándalos de derechos humanos de Vladimiro Montesinos (alto funcionario de espionaje y tortura), tendríamos que preguntar quiénes son los culpables de barbarie terrorista.

Efectivamente ha habido poco interés por parte del gobierno peruano y menos por las fuerzas armadas de cumplir con las leyes internacionales referentes a los derechos humanos, derechos por los cuales se ocupaba Lori Berenson en su trabajo periodístico. Es más, según algunos periodistas, el mismo proceso de Lori indica que también las leyes peruanas referentes a los derechos civiles de los acusados han sido violadas.

Para los que nos percatamos de las realidades político-sociales de países hispano-parlantes como el Perú en la edad del “neoliberalismo,” la idea que Lori Berenson pueda ser procesada imparcialmente es ingenua si no absurda. Las circunstancias de la detención y los subsiguientes procesos militares y civiles indican que hay demasiadas contradicciones y, más aún, demasiados intereses en juego para que se descubra la verdad del caso.

Hoy día el testigo principal en el proceso civil contra Berenson es un tal Pacífico Castrellón, él mismo acusado de actividades terroristas y condenado a treinta años de encarcelamiento. Según él, fue compañero de Berenson en los 90 cuando los dos alquilaron un apartamento que luego se usaría como base para un plan de secuestro de miembros del Congreso peruano. El hecho es que en recompensa por su testimonio, a Castrellón se le ha concedido un nuevo proceso civil. También ha ofrecido su testimonio Miguel Rincón, confesado líder de MRTA, que contradice la versión de Castrellón sobre las actividades de Berenson.

¿Y la verdad? Bastante elusiva, teniendo en cuenta los intereses, los antagonismos y el poder. Lo más probable es que la verdad del caso Berenson no se descubra hasta bastante después de su juicio.

Insistiendo en la soberanía de un país, hay hispanos, hasta algunos peruanos sospechosos de la “democracia” de su propio país, que han afirmado que el caso Berenson es cuestión del gobierno peruano y que la presión de grupos ajenos a su cultura no debe influir en el juicio final de la activista. Es de entender: ¿Cómo han de reaccionar políticos norteamericanos, por ejemplo, cuando un gobierno extranjero cuyo ciudadano ha sido condenado a muerte por un crimen cometido en EE.UU. protesta la condena en vista de que en su país no existe la pena capital?

También deberíamos tener en mente una de las realidades más palpables del caso Berenson, algo que sus padres han afirmado repetidamente: que no es la única que ha sido condenada injustamente, que tantos individuos, además de ella, han sufrido años en prisiones peruanas por actividades que nadie ha podido probar.

Yo admito, como Lori Berenson, soy ciudadano norteamericano, y peco de nacionalismo. Quizás por eso me indigna tanto lo que le está pasando: es norteamericana. He conocido a mujeres activistas de EE.UU. como ella que se han lanzado al Sur para expurgar la pobreza del mundo. Ojo, les aviso, que los Montesinos del mundo os están vigilando.

Miguel Ugarte es profesor de literatura española de la Universidad de Missouri.

©2001 Adelante