Los hispanos reciben sentencias más largas por Cristina Elías y Rebecca Rivas reporteras de Adelante A los inmigrantes hispanos del centro de Missouri que no hablan inglés les es más difícil que a otros acusados obtener sentencias cortas y bajas fianzas por pequeñas infracciones. Y esto, según los expertos legales, se debe a su falta de familiaridad con el sistema legal y a sus pocos lazos con la comunidad. “Normalmente, ellos no reciben sentencias más cortas — porque no califican para remedios como la libertad condicional," dijo George Batek, abogado público del condado de Callaway. "Las cortes no son más duras, solo que no son más benignas con ellos porque son ilegales." A medida que inmigrantes legales e ilegales continúan creciendo sobrepasando los 2,413 hispanos contados por el censo de 2000 en el condado de Boone, las cortes y el sistema legal de Missouri se apresuran a enfrentar las necesidades de los hispanos. El idioma es el obstáculo mayor para todo el sistema legal, dicen los abogados, traductores y personal de las cortes. Los inmigrantes que sólo hablan español no pueden comunicarse con claridad con las autoridades, aún usando traductores. Pero otros factores, tales como la falta de educación, una desconfianza cultural en la autoridad y la falta de vínculos con la comunidad, hacen difícil para los inmigrantes hispanos desenvolverse en las cortes de Missouri. Según el defensor público Robert Fleming, quizás el factor determinante en las sentencias largas y fianzas más altas es el perfil que representa el típico acusado hispano. Fleming, que representa a dos hispanos de cada diez que pasan por su oficina, dice que en la mayoría de las infracciones menores, los hispanos que comparecen en las cortes son inmigrantes recientes o trabajadores migrantes. Éstos son vistos por los jueces y fiscales como ofensores reincidentes de más alto riesgo que los otros, ya que tienen menos incentivos para mante-nerse alejado de problemas. “Si una persona no tiene lazos con la comunidad, los fiscales tienen una predisposición de pedir sentencias de cárcel en vez de libertad condicional. En estos casos el acusado carece del apoyo comunitario que necesita un fiscal para negociar un mejor acuerdo,” dijo Fleming. Los acusados que tienen madres, líderes religiosos y empleadores cercanos quienes puedan garantizar la calidad moral de los procesados y puedan supervisar sus conductas, son más aptos de recibir sentencias más cortas y fianzas bajas. El acusado típico hispano es un hombre soltero de 18 a 35 años de edad. “Normalmente no reciben sentencias o fianzas más bajas porque tienen mas alto riesgo de fuga,” dijo Batek. “Los jueces piensan: ‘Si dejo libre a ese sujeto, se puede marchar mañana.’ Eso hace que los jueces sean más severos. Esto no es un asunto sin fundamento; hay una razón para ello.” Cuando los acusados usan traductores, el mensaje no es transmitido por la misma voz. Los jueces ven al traductor, en vez de al acusado. Y los traductores no pueden ofrecer la misma emoción a sus historias como alguien que pueda hablar a la corte directamente. “Cuando se usa un traductor algo será omitido siempre porque los jurados y jueces no pueden medir la credibilidad del testimonio del acusado,” dijo Batek. En los ocho años como abogado que Batek lleva en el centro de Missouri, ha visto un enorme incremento en el número de hispanos inmigrantes en las cortes. El cree que no hay suficientes traductores calificados en mid-Missouri, pero eso no es fácil de solucionar. Parte del problema es la dificultad que encuentran los traductores de corte para recibir su certificado. La Oficina Estatal de Cortes de Missouri (OSCA) ha introducido un examen de traductores certificados que ha frustrado a la mayoría de ellos. Sólo tres traductores han aprobado el examen. Hace solo año y medio que OSCA comenzó a pagar por los servicios de traducción en las cortes — logrando que el servicio de traductores sea ahora más posible para los gobiernos locales. Entre junio de 2000 y abril de 2001, OSCA pagó $44,000 en servicios de traducción, de los cuales un 94 por ciento fueron a parar a traductores de español. El gobierno paga por servicios de traducción sólo en los casos de juicios criminales. En casos civiles, los abogados privados contratan sus propios traductores, para aquellos que puedan pagarlos. En Missouri, Ayuda Legal (Legal Aid), una organización que brinda ayuda financiera para asuntos civiles, tales como casos familiares y disputas con caseros, tampoco recibe compensación económica para traductores. Mark Gutchen, de la oficina local, dice que hasta 1986, la agencia servía a inmigrantes ilegales, pero ahora eso está prohibido, salvo en casos de abusos domésticos. Otro problema que se ha presentado es la programación de las traducciones. Actualmente, los abogados son los que citan a los traductores para el día del juicio. Jackie Ambrow, Presidente de Intérpretes de Missouri, dice que mid-Missouri debería de seguir el modelo del condado de Jackson. Allí, un empleado de la corte maneja la práctica de las traducciones. “El abogado a veces espera hasta el día anterior al juicio y el estado tiene que pagar honorarios por notificaciones tardías,” dice Ambrow. En el condado de Boone, los traductores cobran entre $200 y $500 por caso. Además de la barrera idiomática, muchos inmigrantes no se sienten cómodos con el sistema por razones culturales. Algunos no saben cuáles son sus derechos en el sistema legal americano. Otros, que provienen de sistemas políticos represivos, naturalmente desconfían de la autoridad. “No entienden cómo se hacen las cosas aquí,” dijo William Clary, que trabaja para Intérpretes de Missouri. “Hay una notoria desconfianza hacia el sistema y también incluso hacia sus defensores públicos. Ellos no entienden el proceso judicial. No entienden el sistema de alegatos y acuerdos (plea-bargaining).” Los acusados no saben cómo, a veces, una confesión puede disminuir sus sentencias. Mary Mueller, asistente administrativa para la corte de Boone, propuso usar planillas para declararse culpable en español, pero dice que recibió una reacción negativa. Mark Gutchen cree que la desconfianza al sistema no es sólo una actitud de los hispanos. “La ignorancia y la desconfianza a la ley cruza los antecedentes étnicos,” dijo Gutchen. “No veo que los clientes que vienen a mi oficina y son ‘anglos’ tengan una mejor comprensión de la ley.”