De la Editora... Tracy L. Barnett LA DEMANDA EN contra de Tyson Foods fue asombrosa. Seis funcionarios, incluido un vicepresidente de la compañía, fueron acusados de colaborar en el reclutamiento de trabajadores en México, facilitarles documentación falsa y contratarles en sus procesadores de pollo. Los inmigrantes mexicanos han llevado la carga de una injusta política migratoria durante más de un siglo, desde que Upton Sinclair escribió en el clásico La Selva sobre las condiciones inhumanas de trabajo en las empacadores de carne. De alguna manera , nada ha cambiado. La economía más poderosa del mundo fracasaría sin la fuerza laboral barata de los inmigrantes, a cambio de pocos derechos o beneficios. “La migra” finge “controlar” la inmigración, deteniendo y deportando a unos pocos. Entretanto, los mantiene fuera de la ley y les obliga a vivir con el miedo de ser descubiertos. Los inmigrantes indocumentados no están predispuestos a protestar cuando son maltratados, ni tienen la posibilidad de unirse a un sindicato para conseguir mejores sueldos o condiciones laborales. Pero el caso de Tyson fue una sorpresa. Esta vez, la misma compañía — y sus ejecutivos, no sus obreros — estaban pagando el precio de un sistema inconsistente e hipócrita. Pero eso fue hace dos meses. Ahora los titulares relatan una historia diferente. El mes pasado, Tyson Foods reportó un incremento enorme en sus ganancias. Compró la gigantesca compañía IBP Inc., adquiriendo casi 25% del mercado nacional de carne. Y recompensó al presidente, John Tyson, con una prima de $2.1 millones por encima de su sueldo de $650,000. Si son declarados culpables, los ejecutivos acusados quizás tendrán que pagar una multa, pero es casi imposible que sean encarcelados. Entonces parece que habrá un final feliz para Tyson. Pero no seguirá siendo la misma historia para los vienen a dar sus esfuerzos en una sociedad esquizofrénica que les envía un mensaje mezclado: Queremos su mano de obra barata, pero no los queremos a ustedes.