Había una vez un país Alvaro José Aurane LA CRISIS HA instalado su tienda de campaña en la Argentina. La inseguridad todo lo llena. Apenas si se puede vivir el día a día. No hay forma de saber qué pasará mañana. Y es sabido que pocas condenas son tan terribles como las de imponer un presente perpetuo. Su equivalente es privar a alguien de la posibilidad, siquiera, de intuir un futuro. Mucho más si ese alguien es un pueblo. El infierno, dijo alguna vez Alfred Hitchcock, es la imposibilidad de razonar. La gente no sabe cómo encontrará el precio del dólar a la mañana siguiente. Ni siquiera si abrirán las entidades crediticias, porque los feriados bancarios son una constante. A veces para el cambio de divisas. A veces para la acreditación de cheques (clearing). A veces para operaciones interbancarias. A veces para todo eso junto. Sin previsibilidad, la confianza es una utopía. Los políticos que tienen un cargo, en cualesquiera de los poderes del Estado, sean electivos o como funcionarios, no pueden salir a la calle sin padecer la condena social. Los abuchean en restaurantes, bares, shoppings, peatonales, o en sus propias casas, a través de manifestaciones que se dirigen hasta sus domicilios y pintan la bronca con aerosol en los vidrios del edificio, en la vereda y en la calle. Peor que no tener dónde esconderse, es no encontrar algún lugar para aparecer. Los periodistas, sobre todos los de prensa escrita, sienten que las noticias se avejentan y caducan desde el momento mismo en que se están imprimiendo. El número de diciembre de la edición mensual para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique tiene dos portadas. Sí, así como suena. Una da cuenta de que las manifestaciones conocidas como cacerolazos (se golpean las ollas de cocina como instrumento de protesta), acabaron con el ex presidente Fernando de la Rúa. La otra, actualiza que, una semana después, esa misma repulsa acabó también con su sucesor, el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien había asumido como mandatario provisorio. Duró sólo siete días, en contraste con los 18 años que lleva al frente del gobierno de su provincia, un feudo en pleno tercer milenio. Precisamente, en 10 días, la Nación más austral del planeta (y no sólo en el sentido geográfico de la expresión), tuvo cinco presidentes. Los dos mencionados, el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño; y el actual mandatario, Eduardo Duhalde. Un chiste gráfico publicado en un matutino de EE.UU. bromeaba con que las páginas del clima de Argentina daban la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el pronóstico y el mandatario de turno. Conforme pasan los días, se confirma que el tiempo es esencialmente entrópico. La temida anarquía parece abrirse camino desde el fondo mismo de los tres poderes del Estado. La Presidencia profundizó el “corralito” (ver recuadro). El Congreso comenzó a estudiar los pedidos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ampliada en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). El vocal que menos pedidos de destitución tiene, acumula 11. Pero la jaqueada Corte declaró inconstitucional la retención de los depósitos y exige la restitución de los fondos. Si lo anterior ya resulta impensable, todavía faltaba algo: tras la jugada de la Corte, el Duhalde decretó que por seis meses no podrán presentarse en la Justicia acciones legales contra el “corralito”, que se encolumnen detrás de la mencionada declaración de inconstitucionalidad. Por estas latitudes, los derechos apenas si se declaman. De poder ejercerlos, dejó de haber noticias hace ya bastante tiempo. La gente, sin contención alguna, está en la calle golpeando las cacerolas. Todos los días. Concentrada de a miles en la Plaza de Mayo. O en grupos que cortan calles en las esquinas de sus barrios. O desde sus balcones. Y quiere que le devuelvan sus ahorros. Y que renuncie Duhalde, que defiende el “corralito” y que no surgió de elecciones populares, sino por acuerdo de diputados y senadores. Y que renuncie la Corte, aunque quiera devolver los depósitos, porque la inculpa hasta en pancartas de haber sido un apéndice corrupto de los gobiernos de turno. Y que renuncien los actuales miembros del Congreso, porque jamás cumplieron con su papel de controlar a los presidentes para evitar que concentren poder y constituyan gobiernos hegemónicos. Hasta haber consagrado hoy este estado de pre-capitalismo, en el cual los que se reivindican neoliberales ni siquiera respetan la propiedad privada. Tan necesario como hacer notar el convencimiento pleno de la gente de que con estos políticos que hoy gobiernan no habrá salida posible, es la advertencia de que sin políticos tampoco habrá una solución. Cualquier remedio debe suministrarse a través de las instituciones de la democracia. Así que cuando gritan “que se vayan todos”, hay que leer “que se vayan éstos”. El jurista argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884), autor del libro Las Bases, una de las piedras angulares de la Constitución argentina, advirtió que “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. Su advertencia se actualiza en esta Argentina donde sus ciudadanos se preguntan qué han hecho para merecer esta crisis. La respuesta, justamente, se encuentra en lo que no hicieron para evitar esta situación. Los unos y los otros Antes de la devaluación del peso frente al dólar (como de costumbre, el capítulo argentino de la depreciación de la moneda se hizo para favorecer a los acreedores, a contrapelo de cualquier previsión de un manual de Economía), el 36% de los hogares y el 46% de la población ya había sufrido episodios de pobreza, si se mide su incidencia a partir de los ingresos. En el caso de los menores de 14 años, la proporción se eleva al 63%. Según el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de la Nación, el 35% de los hogares tuvo al menos un miembro que experimentó episodios de desocupación. En los núcleos familiares indigentes, la proporción trepa al 70%. Estos inmensos bolsones de pobreza son un claro indicio de la desigualdad de la distribución de la riqueza, que ya desde 1995, informes del Banco Interamericano de Desarrollo indican como una de las principales causales de la falta de desarrollo. En Argentina, el 5% de la población más rica acumula el 25% de la riqueza, toda una desproporción si es comparada con el cada vez más próspero sudeste asiático. Allí, esa porción de gente se lleva sólo el 16% de los recursos. En los países desarrollados, el promedio es del 13%. El 20% de los argentinos que tienen salarios se lleva el 53% de los ingresos. Es decir, de cada 10 personas, dos ganan más que las otras 8. El 60% de los asalariados gana menos de 600 pesos. Lo que hoy, expresado en moneda norteamericana, se traduce en menos de 300 dólares. Si la historia se construye hacia adelante, el tiempo se detuvo en estos confines del cono sur hace un cuarto de siglo, a juzgar por los datos del Ministerio de Economía de la Nación y del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entre 1976 y hoy, la desocupación pasó del 3% al 20%. La indigencia, de 200.000 personas a 5 millones de argentinos. La pobreza creció de 1 millón a 14 millones de ciudadanos: la población total es de 37 millones de almas. El analfabetismo, avanzó del 2% al 12%. El analfabetismo funcional, del 6% al 32%. La deuda externa argentina se disparó de U$S7.600 millones a U$S132.000 millones. Son U$S155.000 millones sumando la deuda privada, a lo que hay que agregar los U$S40.000 millones ingresados por la privatización de las empresas nacionales. En ese mismo período, hubo una traslación de los recursos de la clase baja y de la clase media a la clase alta por valor de U$S25.000 millones. Tanto por tan poco Sólo U$S9.000 millones fueron las inversiones extranjeras de la última década para el sector financiero argentino. Luego, hubo incrementos de capital por 900 millones más. Con apenas eso, los bancos pasaron a manejar, gracias al “corralito” y a la inestimable colaboración de los gobernantes, los 65.000 millones de los ahorristas. En términos legales, el patrimonio de los deudores es aquí la garantía común de los acreedores. Duhalde, quien prometió devolver los depósitos en dólares en esa misma moneda el día que juraba como Presidente, reveló pocos días después que no podrá cumplir con ello. En definitiva, mintió. La contradicción —por así decirle— del nuevo inquilino de la Casa Rosada no es novedosa. Su primera reunión oficial fue con productores e industriales, para anunciarles que con su arribo se acababa la alianza entre el poder financiero y la clase política. Pero con su decisión de devolver los depósitos en divisa norteamericana a 1,40 pesos cada unidad (en plaza cada dólar no cotiza a menos de 2 pesos), le reportará a los bancos una ganancia de al menos U$S16.000 millones de dólares. Paralelamente, la medida de que todas las deudas contraídas en dólares se devuelvan en pesos en una relación de 1 a 1 (la prerrogativa originalmente sólo regía a quienes adeudarán menos de U$S100.000), le reportó a las 50 principales empresas nacionales una licuación de sus pasivo, que le evitará pagar una cifra aún no estimada, pero que, se descuenta, será superior a los 10.000 millones. Y la clase media no deja de salir a la calle. Pero la imagen remite inevitable y dolorosamente al poema de Bertolt Brecht “Primero tomaron...”, donde al protagonista no le importaba que vinieran a buscar a sus vecinos, hasta que finalmente vinieron por él y ya era demasiado tarde. En los 10 años de “plata dulce” de los gobiernos de Menem, el canto de sirenas de la paridad entre el dólar y el peso mantuvieron callados a los gremialistas y a los asalariados. Mientras tanto, crecía la desocupación, se hacían precarias las reglas laborales, se vaciaba el sistema previsional y se demolían las bases que garantizaban la educación, la salud y hasta la seguridad públicas y gratuitas. Hoy, quienes no pueden pagar de manera privada por la calidad de esos servicios, no pueden tenerla. Alguna vez deberá llegar la autocrítica a este país que ahora levanta el dedo acusador contra los políticos. Da la impresión de que, como analizaba hace algunos años el periodista Jorge Lanata, aquí fracasaron sucesivamente los liberales, los conservadores y los progresistas; las ideologías de derecha, de centro y de izquierda; la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista; los civiles y los militares. En una palabra, todos... menos los argentinos. Por estas pampas, la culpa de la crisis siempre es de otro. La responsabilidad de no haber podido consagrar un país más justo, de nadie. El ensayista, poeta y político liberal argentino Esteban Echeverría —1805-1851— aclaraba que la patria no era el lugar donde se nacía, sino aquel donde se podían ejercer los derechos ciudadanos. Visto a la distancia desde esta nación, donde sus habitantes no pueden disponer siquiera de sus ahorros, más que una definición, parece una advertencia. O una profecía: él y Alberdi, en el siglo XIX, fueron obligados a morir en el exilio. La ironía jamás deja de tener un amargo toque de tristeza. Hoy y aquí, en este incipiente siglo XXI que empezó muy mal, las declaraciones, los derechos y las garantías constitucionales le deben parecer a los gobernantes algo similar al Libro Rojo de Mao. Ya, de hecho, aspirar a vivir como la democracia lo permite, seguramente, les debe resultar igual a reclamar un régimen revolucionario. Alvaro José Aurane tiene 27 años y es columnista y editorialista del diario La Gaceta, de la provincia argentina de Tucumán. Ese matutino, que celebró en 2001 sus 90 años de trayectoria, es el más importante del interior de ese país. Desde el 3 de diciembre de 2001, se restringió el retiro de los depósitos bancarios, pero se permitía mediante transacciones interbancarias la compra de toda clase de bienes. Cuando asumió Eduardo Duhalde, esas operaciones se anularon. Hasta ahora, de las cajas de ahorro en pesos argentinos sólo pueden retirarse 300 pesos por semana. Si es en moneda norteamericana, el tope es de 700 dólares mensuales. Pero ese monto no se devuelve en billetes verdes, sino en pesos. Y por cada dólar depositado se devuelven 1,40 pesos (esa era la valuación del “dólar oficial”, que rigió por un mes), a pesar de que la divisa estadounidense está valuada para la compra en por lo menos 2 pesos por unidad. Tanto ahora, que rige la “libre flotación”, como antes, cuando paralelo al “dólar oficial” había un “dólar libre”. Los plazos fijos en moneda extranjera y las cuentas corrientes, por montos superiores a los 3.000 pesos, están congelados y se devolverán, en cuotas y en pesos, a partir de febrero de 2003. Con la última flexibilización, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales las restricciones, de esos dineros congelados pudieron pasarse a cuentas de ahorro hasta el equivalente de 7.000 dólares. Se devuelven por unidad a 1,40 y de a 300 por semana, si eran cuentas corrientes en pesos, o hasta 700 por mes, si eran plazos fijos en dólares.