Los Estados Unidos contra Tyson Es poco probable que la demanda afecte a los indocumentados en Missouri Central por Osamu Fujimaru reportero de Adelante A pesar de la acusación federal contra Tyson Foods y sus seis ex funcionarios, los trabajadores inmigrantes indocumentados que presuntamente fueron contratados probablemente no tendrán por qué preocuparse de ser arrestados ni deportados. Millones de inmigrantes ilegales en este país seguirán siendo una fuerza laboral importante para las empacadoras de carne, a menos que el Servicio de Inmigración y Naturalización —cuyas siglas en inglés son INS— sea más severo con las leyes de inmigración. John Keeley, investigador del Centro de Estudios Inmigratorios en Washington D.C., considera que el caso de Tyson Foods representa una desviación de la política del INS que en los últimos años no ha podido imponer debidamente las leyes de inmigración en los lugares de trabajo. Keeley explicó que mientras el INS manda a 7,000 agentes para patrullar la frontera con México y a 900 para vigilar la frontera con Canadá, sólo unos 300 de sus inspectores trabajan en todo el país para asegurar que los empleadores cumplan con las leyes de inmigración, aunque se estima que 5 millones de indocumentados trabajan en los Estados Unidos. Mike Jaromin, director asistente del INS en la ciudad de Kansas, dijo que la agencia ya no habla sobre su fuerza laboral después del 11 de septiembre del año pasado. Pero agregó, “continuaremos imponiendo las leyes en los lugares de trabajo, y nuestros objetivos principales serán los empleadores que contraten a los inmigrantes ilegales, sabiendo que son ilegales”. Sea como sea, los oficiales de la policía local cree que la planta procesadora de pollos de Tyson Foods en el condado de Pettis emplea a inmigrantes ilegales. Larry Ward, comandante del departamento de la policía en Sedalia, indicó que su departamento arresta aproximadamente a un inmigrante por semana y, que muchos de ellos tienen identificación de Tyson Foods. Ward dijo que el departamento no hace grandes esfuerzos para arrestar a los inmigrantes ilegales. “Normalmente, nos topamos con ellos por una infracción de tránsito y les exigimos sus identificaciones y a veces son falsas”. El comandante de la policía reconoció que su departamento no puede hacer nada con el complejo de Tyson Foods porque está ubicado fuera de la ciudad de Sedalia, pese a que algunos inmigrantes ilegales que detienen tengan identificación de la compañía. Ed Nicholson, portavoz de Tyson Foods, mediante un correo electrónico explicó a Adelante que cada vez que la compañía quiere emplear a alguien usa el formulario I-9. Además para complementar el proceso, la compañía requiere que los candidatos muestren dos documentos actuales, uno de ellos con una fotografía, agregó. Según Nicholson, aproximadamente el 35 por ciento de los 120,000 empleados de Tyson son hispanos, y más o menos la mitad de los 1,600 trabajadores de la planta procesadora de pollos en el condado de Pettis son latinos. Según el censo del 2000, en el condado viven 39,403, delos cuales 1,527 son hispanos o latinos. Por su parte, Jaromin dijo que el INS de la ciudad de Kansas fue parte de la investigación federal de la compañía, pero dijo que no puede hablar más sobre el caso. La Oficina Legal en Chattanooga, Tennessee, no respondió las llamadas de Adelante. Bajo la política actual del INS, muchos de los inmigrantes sin papeles que la policía encuentra continúan quedándose en este país. Ward dijo que la policía de Sedalia no informa al INS cada vez que se topa con un inmigrante ilegal. Si todos los oficiales de la policía del país informaran al INS que encuentran inmigrantes ilegales, los abrumaríamos, explicó. Sin embargo, añadió que su departamento se pone en contacto con el INS cada vez que tiene dudas sobre la verdadera identidad de un inmigrante, por si éste esté usando una identidad falsa. Jaromin admite que el INS no tiene recursos suficientes para responder a todos los informes sobre los ilegales. No obstante, aclaró que el INS responde en caso que un inmigrante esté condenado por algún cargo como conducir en estado etílico, falsificación de documentos u homicidio. Él también dijo que no existe una ley que ordene informar al INS cada vez que encuentren a un ilegal. Algunos expertos en inmigración piensan que la acusación de Tyson no cambiará la situación actual de los inmigrantes indocumentados y sus empleadores. John Green, un candidato doctoral en sociología rural en la Universidad de Missouri (UM), opinó que el gobierno estadounidense no debe echar la culpa a todos los inmigrantes ilegales en este país “especialmente porque algunas de sus políticas han afectado a otros países como México, que ha empeorado su economía, y, por eso, ellos tienen que buscar un trabajo en otro lugar”. Elizabeth Barham, profesora asistente de sociología rural en la UM, dijo que ella cree que muchas compañías emplean a inmigrantes sin documentos con conocimiento y “cualquiera que piense que no puede ser es muy crédulo”. Los trabajadores indocumentados no tienen protección legal y, por eso, podrían ser explotados por sus empleadores, agregó. Empero, dijo, acusando a compañías como Tyson Foods, no llegaremos al centro del problema. Estimó que la solución del problema es el establecimiento de un proceso legal donde trabajadores inmigrantes puedan solicitar una visa de trabajador invitado y tener acceso a protección legal. “Necesitamos reconocer que ellos son importantes para nuestra economía y que ellos deben tener ciertos derechos humanos y civiles”.