La Marcha de la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes Irrumpe
en Washington D.C. y en New York

Por Annie Nelson
Reportera de Adelante
Traducido por Irene Benito

El grito de “¡Sí se puede!, ¡Sí se puede!” sonaba por doquier y en más de veintiséis idiomas en el viejo sitio de la Feria Mundial, ubicado en Flushing, Queens, New York. Casi 100.000 personas se congregaron en el Flushing Meadows Park el 4 de octubre para pedir por los derechos civiles de los inmigrantes, sosteniendo banderas multicolores entre una multitud compuesta por una inmensa variedad de razas.
El encuentro público fue el evento culminante de la Marcha de la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes (IWFR, por sus siglas en inglés), que había comenzado con una protesta móvil dos semanas antes. Los manifestantes se expresaron en favor de la necesidad inmediata de reforma de las leyes de inmigración.
La IWFR identifica cuatro áreas importantes de reforma. Pide una legislación más clara en materia de legalización, protección de los derechos de los trabajadores —sin considerar el status de residencia—, reconocimiento del derecho a unir a la familia y el establecimiento de la garantía de derechos civiles y libertades para todas las personas que vivan en los Estados Unidos.
La marcha, de la que participaron más de 900 inmigrantes indocumentados, ciudadanos y residentes de los Estados Unidos fue un evento que atravesó todo el país.
La IWFR fue una réplica de la Marcha por la Libertad que se realizó en marzo de 1963, en Washington D.C., y en la que participó Martin Luther King jr. con su histórico discurso titulado “Tengo un sueño”.
Dieciocho autobuses de la IWFR de nueve ciudades estadounidenses viajaron con destino a Washington D.C., el 2 de octubre de 2003, para solicitar a los miembros del Congreso el reconocimiento oficial de su “Pueblo Escondido”, formado por indocumentados que viven y trabajan en los Estados Unidos.
Pidieron a senadores y diputados que apoyaran leyes que contemplan los derechos civiles para inmigrantes indocumentados.
En su intento por despertar conciencia, los autobuses hicieron 93 paradas en su camino a Washington D.C. Luego se dirigieron hacia el norte y se encontraron como grupo, unido por primera vez, en la ciudad de New York. La multitud que formaban les hizo tomar conciencia de cuanta gente los apoyaba. Esto significó un sentimiento indescriptible para personas como Alfonso Ríos, de 25 años, habitante de Joliet, Illinois. Alfonso se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, en el medio de la reunión masiva y dijo: “Acabo de darme cuenta que no sabía cuántos de ellos eran hasta ahora. Es sorprendente ver a toda esta gente aquí”.
John Sweeney, presidente de la Federación Estadounidense de Sindicatos (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), acompañó al congresista John D. Lewis, un auténtico manifestante de la Marcha de la Libertad, de los años 60. Ambos se unieron a la multitud. Algunos participantes fueron seleccionados para hablar de sus experiencias personales como inmigrantes y para dar testimonio sobre lo vivido durante la Marcha.
Hubo cinco representantes de Missouri, entre los que estaban Eduardo Crespi del Centro Latino en Columbia y María Lucrecia, de Manos Unidas de St. Louis.
Angelina Domínguez, de Oveland, Missouri, se unió a la Marcha en San Francisco para dar testimonio de la muerte de su hijo, Esteban Silva, quien falleció en junio, en Montgomery, Missouri, mientras estaba bajo la custodia de oficiales de inmigración. Ver historia en edición de octubre

La Sra. Domínguez piensa que los derechos humanos de su hijo fueron violados debido a su condición de inmigrante, y que murió por negligencia de quienes lo custodiaban. Ver historia en edición de octubre

La idea de la Marcha de la Libertad tiene origen en la Convención de julio de 2001, cuando el presidente estadounidense George Bush y su par de México, Vicente Fox, se reunieron con el Sindicato de Empleados de Hoteles y Restaurantes para discutir el proyecto de legalización de los inmigrantes. Entonces, la reforma parecía prometedora.
Luego llegó el 11 de septiembre de 2002 y la actitud respecto de los inmigrantes cambió drásticamente. Pero los planes para la IWFR continuaron y los organizadores –como el vocero David Koff– lograron llevar nuevamente los asuntos de inmigración a la agenda nacional, aún dentro de un clima político poco amistoso.
Los organizadores esperan que el evento de un impulso a proyectos de ley que incluyan las cuestiones de inmigración, como los que recientemente fueron introducidos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por ejemplo, Ley para el Desarrollo, Asistencia y Educación para los Menores de Edad Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en inglés), que se encuentra dentro de ambos cuerpos por iniciativa del Senador Dick Durbin, demócrata de Illinois y del diputado Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, contempla, entre otras cosas, el derecho a obtener la residencia legal permanente a los estudiantes indocumentados que residan en los Estados Unidos y hayan concluido la escuela secundaria. Ese proyecto concedería a los residentes legales el derecho a la enseñanza en universidades. .
Una participante de la Marcha, Fanny Diego, de 17 años, es una de las tantas estudiantes de la escuela secundaria o preparatoria que dependen de la aprobación del DREAM Act para ingresar a la universidad. A Diego se le ha negado la residencia legal durante toda su vida aún cuando su padre es ciudadano estadounidense y su madre tiene el estatus de residente. Fanny Diego no podrá asistir a clases universitarias hasta tanto no obtenga su propia residencia.
Diego se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. La joven siente que no debería ser penalizada ya que no tuvo participación en la decisión de emigrar. “Ellos no toman conciencia del efecto que causan en la vida de los estudiantes”, dice Fanny Diego.
El proyecto de ley de los Trabajadores de la Agricultura fue diseñado para remplazar otras leyes para extranjeros, las que, de acuerdo al Sr. Koff, no protegían los derechos de los trabajadores. “Esta es la propuesta más favorable para los derechos del inmigrante de cuantas se han intentado hasta ahora”, dice Koff.
En el pasado, los programas para trabajadores extranjeros fallaron en proteger sus derechos o en concederles estatus legal, tal como sucedió con el programa Bracero, en los años 40 y 50.
El programa Bracero se estableció para estimular la inmigración de campesinos mexicanos a los Estados Unidos con el objeto de llenar el vacío creado por el enrolamiento de varones estadounidenses en el ejército, durante la Segunda Guerra Mundial.
La ley de los Trabajadores de la Agricultura protegería los derechos de trabajadores inmigrantes mediante su aplicación a empleados indocumentados, concediéndoles la opción de adquirir estatus legal.
Pablo Padillo, de 24 años de edad, recibió su residencia legal gracias a su abuelo quien trabajó como bracero en esa época, pero siente que la legalización es mucho más difícil ahora. Su familia, como muchas otras durante la Segunda Guerra Mundial, acostumbraba ir y venir a través de la frontera, porque eso era lo corriente. “En ese entonces era más sencillo regresar que obtener la documentación”, explica Padillo.
La ley de Unidad Familiar, también introducida por el diputado Gutiérrez, permitiría a los ciudadanos legales y residentes solicitar la residencia para los miembros de su familia.
Mariana Lesama, de Milwaukee, Wisconsin, integró la Marcha de la Libertad porque su esposo fue deportado en el año 2000. Ella es ciudadana estadounidense y vive en Milwaukee con sus dos hijos. Lesama siente que toda ley que divide a una familia es anti-estadounidense. “Esto es injusto e inaceptable en un país donde la familia es la prioridad número uno”, dice.
Los manifestantes fueron seleccionados por estar involucrados en organizaciones de inmigrantes que ya estaban trabajando por sus derechos civiles.
De acuerdo con Koff, 27 grupos diferentes, incluyendo sindicatos como HERE, AFL-CIO y agrupaciones activistas como el Concejo Nacional de La Raza, promovieron la Marcha.
Los participantes no escaparon a las reacciones negativas: manifestantes de la oposición se concentraron en grupos para gritar cánticos en contra de los inmigrantes y para exhibir carteles con mensajes como “Vuélvete a México”.
En un punto de control oficial, al este de El Paso, Texas, dos autobuses fueron detenidos por la patrulla de la frontera, que había sido advertida sobre la posibilidad de que los vehículos transportaran inmigrantes ilegales.
La IWFR había previsto la entrega de tarjetas para advertir a los manifestantes legales acerca de sus derechos. Koff cuenta que éstos exhibieron las tarjetas y cantaron canciones alusivas al movimiento por los derechos civiles de los años ‘60 y de esa forma “se comprometieron en un acto de resistencia no violenta”.
Ningún manifestante fue detenido y los autobuses continuaron su camino, rumbo a San Antonio.
No hubo contraprotesta visible para la reunión de 100.000 personas en Queens, un hecho que Koff explica por la extensa fuerza de seguridad presente, aunque además piensa que “la fuerza –en la calle– de los grupos supremacistas, no es tan grande. Ellos tienen importancia individual pero no son capaces de movilizarse cuando hay cientos de miles de personas manifestándose”.
Beti Guevara, asistente del pastor de Pueblo Sin Fronteras (grupo activista de Chicago), piensa que el próximo paso en este movimiento por los derechos civiles de los inmigrantes es un mayor nivel de organización. Recomienda a los residentes indocumentados la tarea de educar a sus amigos con estatus legal para votar por candidatos amigos de la causa, como así también convocar a sus representantes. “La gente tiene que juntarse; necesitamos unificación”, puntualiza Guevara.
Eduardo Crespi, de Centro Latino en Columbia, Missouri, destaca el rol de la IWFR para estimular a los residentes legales a conseguir su ciudadanía y así solidificar su poder político en los Estados Unidos. Crespi cree que la formación de una lista de votantes registrados y la organización de otras pequeñas manifestaciones para promover las peticiones de ciudadanía son los próximos pasos en el movimiento.
Koff también cree que la acción política es la actividad inmediata. Predice que miles de activistas hablarán con la gente sobre las elecciones y las diferentes opciones que existen. “Aunque no sean elegibles para votar, son responsables por lo que otros votan”, dicen. “Ciertamente, incitaremos a todos los que estén en condiciones para que consigan su ciudadanía y promoveremos el registro de los que son ciudadanos”.
Muchos creen que la importancia del movimiento de IWFR va más allá de los derechos de los inmigrantes. “Retoma la integridad de los valores estadounidenses y las convicciones de justicia”, dice Koff.
Puntualiza, además, que la Ley Patriota (Patriot Act en inglés) viola los derechos de los ciudadanos pero más profundamente todavía, viola los derechos de los seres humanos. “No importa si tus ancestros vinieron en el Mayflower. Un sistema de justicia dividida nos debilita a todos”.