Empresario en el punto de mira de investigación federal

por Olivia Doerge
reportera de Adelante
traducido por Eleonora De Maio y Marisa D’Aquino

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Casi cinco meses después de una redada del 6 de noviembre pasado en la región de Lake of the Ozarks, un grupo de inmigrantes mexicanos aún espera bajo arresto someterse a un juicio relacionado con una investigación federal. Éstos habían sido contratados por un supuesto subcontratista para trabajar en el departamento de mantenimiento del Tan-Tar-A Resort en Osage Beach.
De los 18 trabajadores detenidos, sólo uno, José Vásquez —menor de edad—, fue deportado. Diez de esos trabajadores tienen cargos en su contra por delito grave de posesión de documentos de identificación e inmigración falsificados y por entrada ilegal a los EE UU, según describen las acusaciones. Respecto a estos últimos el Gran Jurado volvió a las acusaciones el 7 de febrero de este año. El resto no fue acusado de ningún crimen, aunque continúan detenidos como testigos de cargo en un caso fe-deral, junto a otros 11 trabajadores indocumentados, quienes fueron trasladados desde St. Louis.
Los oficiales involucrados en la investigación no han emitido comentarios. Pero documentos de la corte federal y extensas entrevistas con fuentes locales de los últimos cuatro meses, revelan que hubo más vigilancia sobre las posibles contrataciones de inmigrantes indocumentados en la industria de mantenimiento de hoteles.
Agentes especiales de la división de investigaciones de delitos del Servicio Interno de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés) y del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, en inglés) interrogaron a los inmigrantes el día de sus arrestos.
Los inmigrantes acusados, de ser declarados culpables, se enfrentarían a una sentencia má-xima de 13 años y medio en una prisión federal.
De acuerdo a las declaraciones archivadas por la Corte del Distrito del Oeste de los Estados Unidos (U.S. District Court —Western District, en inglés) desde el 18 de julio de 2001, Robert Jackson, agente especial de la división de investigaciones de delitos del IRS, ha entrevistado a más de 40 residentes de la zona. Más de un año después, el día de la redada, Jackson se presentó con una orden de cateo en la residencia de Leonard Snider, un empresario de la región de Lake of the Ozarks. Dicha orden lo autorizaba a confiscar cualquier material relacionado con el “empleo y alojamiento de inmigrantes ilegales, el incumplimiento de pago de impuestos, el uso de números de seguro social y tarjetas de residencia falsos y lavado de dinero”.
Snider, dueño de National Sales and Service, LLC, (NSS), una empresa contratista, presentó una demanda civil contra el gobierno por la suma de $200.000 por los daños y perjuicios punitivos y compensatorios ocasionados. Snider alegaba en la demanda que el agente Jackson había revelado ilegalmente información perjudicial sobre él y su negocio durante la investigación.
Entretanto, al menos 28 personas permanecen encarceladas, esperando una resolución.
La investigación parece ser el reflejo de un accionar tendiente al escrutinio de empleadores de inmigrantes indocumentados a nivel federal, dijo Mira Mdivani, abogada especialista en inmigración de Kansas City. El INS, a pesar de repetidas peticiones, no ha permitido que Adelante entrevistase a los presos, so pretexto de que forman parte de una investigación en desarrollo.

Las detenciones: surgen preguntas
Suzanne Gladney, otra abogada de inmigración de Kansas City, dijo haberse sorprendido acerca de la prolongada detención de esos trabajadores. Expresó también que, con frecuencia, los inmigrantes indocumentados que coo-peran con una investigación fede-ral son liberados y le son otorgados permisos de trabajo. Es un proce-dimiento común en este tipo de casos, explicó. Y agregó que la posibilidad de obtener un permiso de trabajo funciona como poderoso incentivo para su cooperación.
“Dan el permiso de trabajo cada 30 días, lo que garantiza su regreso en 30 días”, dijo Gladney.
Es sorprendente que esto no se haya aplicado en este caso, comentó, dado el costo personal de cada uno de los detenidos y el gasto de impuestos en ellos. El U.S. Marshal Service, que tiene bajo custodia a los trabajadores del hotel, paga $42 por preso por día a las cárceles de condado que retienen a los detenidos.
En la Oficina del Defensor Público no respondieron a las llamadas para solicitar información sobre la causa por la cual los testigos de cargo aún no han sido li-berados.
Los voceros del IRS, del INS y del U.S. Marshal Service no comentaron sobre el caso, como tampoco así los defensores públicos federales David Owens, Ann Koszuth y David Mercer.
No hay nada en los do-cumentos de la corte que sugiera que Tan-Tar-A contrataba directamente a los trabajadores indocumentados. Un representante de Tan-Tar-A dijo en una entrevista con Adelante que la compañía no empleó a los trabajadores.
En los documentos de la corte, tampoco está claro quién empleó a los trabajadores, puesto que lo único que de allí surge es lo que trabajadores dijeron a agentes federales: que trabajaban en Tan-Tar-A. Fuentes claves tampoco estaban seguras acerca de la identidad del empleador directo, o no quisieron revelar su nombre.
Al menos ocho de los detenidos vivían juntos en una casa en Tan-Tar-A Estates, donde fueron apresados la mañana del 6 de noviembre, conforme a las decla-
raciones testimoniales de Stephenownlee, un agente del INS, documentadas en la demanda penal presentada contra los trabajadores.
En una entrevista con un representante de Tan-Tar-A, quien pidió no ser identificado, éste afirmó que algunos de los arrestados vivían en Tan-Tar-A Estates. Asimismo dijo que ellos habían sido empleados por un contratista de trabajo que no era parte de la compañía, quien, según él, es quien tiene la responsabilidad de verificar que los trabajadores que toma estén documentados y establecidos legalmente en el país.
La mayoría de los detenidos tienen esposas e hijos en México, y llegaron a los Estados Unidos con la finalidad de ganar dinero suficiente para regresar, construir sus casas y satisfacer las necesidades básicas de alimentación y vestimenta de sus hijos.

6 de noviembre
Los documentos judiciales y las entrevistas de Adelante a los individuos involucrados en el caso muestran una serie de eventos complejos:
Al amanecer del 6 de noviembre, mientras se preparaban para un nuevo día, 18 personas que trabajaban para un contratista que proveía los servicios de mantenimiento de Tan-Tar-A fueron detenidos y eventualmente llevados a la cárcel del condado de Montgomery.
De acuerdo con lo que dice la acusación, el día de la redada, diez de ellos tenían consigo documentos falsos. Los diez fueron interrogados por Brownlee, agente especial del INS, y por Jackson, agente especial del IRS, acerca de sus empleos en Tan-Tar-A, de su llegada a Missouri, y de sus condiciones de vida. Sus declaraciones luego fueron agregadas a la causa penal en su contra que archiva la Corte del Distrito Oeste.
En esas declaraciones, Browlee relató las siguien-tes respuestas de los detenidos interrogados el 6 de noviembre:
La mayoría de los trabajadores dijo haber cruzado la frontera en Douglas, Arizona; que un desconocido les comentó sobre la posibilidad de conseguir trabajo en el Tan-Tar-A Resort ubicado en el condado de Camden, Missouri; y que al menos ocho de ellos pagaron entre $1.400 y $1.500 para ser transportados hacia dicho destino.
El mismo día, según surge de la documentación de otro caso de la corte fe-deral, Jackson también interrogó a Snider, a quien entregó una orden de cateo, por la que le confiscó la computadora, algunos documentos, archivos y otras cosas relacionadas con el caso.
De acuerdo con la orden otorgada a Jackson el 5 de noviembre, el agente estaba autorizado a llevarse “…evidencia relativa a la contratación y albergue de ilegales, a la reticencia al pago de impuestos, al uso de números falsificados de seguridad social, cartas de residencia, y al lavado de dinero entre el 1º de enero de 1996 y la actualidad”.

El contrataque de Snider
Snider presentó una demanda contra el gobierno federal para recuperar las cosas que habían sido tomadas de su casa y de su bote Lady Pamela el 6 de noviembre, y demandó al gobierno por un total de $200.000 en concepto de daños y perjuicios punitivos y compensatorios provocados por la investigación de Jackson. Conforme los do-cumentos archivados por la Corte del Distrito Oeste, Snider reclama que Jackson reveló ilegalmente información perjudical sobre él y su negocio, NSS, a otros testigos del caso. Según su denuncia, dichas revelaciones constituyeron “un intento malicioso y un motivo demoníaco para que las revelaciones fueran intencionales” y que “...la conducta del agente Jackson dañó irreparablemente a NSS y a Leonard Snider”.
La demanda de Snider contra el gobierno estadounidense detalla una va-riedad de declaraciones que supuestamente Jackson había dado a conocer a otros testigos, tales como: que Snider estaba bajo una investigación criminal e involucrado en “una cons-piración a muchos niveles” y lavado de dinero; que todos los trabajadores de NSS eran inmigrantes ilegales; y que Snider estaba “operando una estratagema”.
Snider también denunció que Jackson lo acusó de delincuente por lo que iría a la cárcel, y que los trabajadores del hotel “vivían en condiciones deplorables proveídas por Leonard Snider”. Además lo acusó de decir que no había pagado los impuestos salariales de los que él era respon-sable, y que los clientes de NSS estarían obligados a pagarlos.
Un representante de Tan-Tar-A le dijo a Adelante que el hotel había contratado a NSS en el pasado.
Snider, en una entrevista telefónica, dijo que los 18 inmigrantes de los Ozarks nunca trabajaron para él, aunque sí para diferentes subcontratistas. No quiso responder acerca de la investigación o de sus denuncias contra el gobierno, ni tampoco sobre su intención de recuperar sus pertenencias.
Robert Jackson no pudo ser contactado para comentarios.
De acuerdo con la historia emanada de la denuncia, Snider fundó su compañía en el año 1996 con la función de satisfacer las necesidades temporales del personal de la industria hotelera. El negocio, asentado en la zona lacustre del pueblo de Laurie, creció y, eventualmente, se expandió a otros hoteles en Missouri y a otros estados. Según la documentación, la estrategia era trabajar con las iglesias locales y los grupos comunitarios.
“Un aspecto importante del criterio operativo del NSS es localizar programas comunitarios o religiosos que ayuden a los trabajadores a involucrarse en la comunidad donde trabajaban y así incrementar su estabilidad como fuerza de trabajo”, establece la denuncia. “Un componente integral de este programa comunitario era la asistencia de varias iglesias en las comunidades”.

Miembros de la comunidad interrogados
Algunos de los residentes de la región de los Ozarks, que tienen contacto con los inmigrantes, entre los que se incluye un pastor de la iglesia a la que algunos de ellos concurrían regularmente, dijeron haber sido interrogados por Jackson en el curso del año pasado.
Rozchelle Eidson, en una entrevista telefónica con Adelante, también dijo haber sido interrogada por el mismo agente.
Orel García Pineda, un pastor de un programa para los hispanos en Osage Beach, también le comentó a Adelante que fue inte-rrogado por Jackson.
En la entrevista a Eidson, ella afirmó conocer bien a muchos de los inmigrantes y que trabajó mano a mano con Tan-Tar-A. Expresó estar preocupada por los detenidos, ya que uno de ellos, Romaldo Viveros Ortiz, es su novio desde hace tres años y medio.
“Él es muy importante en mi vida y en la de mi hijo de nueve años”, dijo. “Ahora me dicen que no podemos estar juntos porque él es inmigrante ilegal”.
Eidson, descendiente de fi-lipinos, recuerda cuando era la única persona de tez morena en Camdenton, donde ha vivido intermitentemente los últimos 20 años. Cuando los inmigrantes latinos comenzaron a llegar a la zona, ella buscó maneras de ayudarlos.
“Pensé que si me involucraba, podía hacer las cosas mejor para ellos”, dijo. “Soy ciudadana estadounidense. Los miembros de la comunidad me preguntan por qué los inmigrantes vienen aquí. ´¿No crees que sea extraño que no sepan hablar inglés?`, y yo contesto: ´No, no lo creo`”.
El desarrollo del caso desde el 6 de noviembre la ha devastado, dijo. “Han destruido muchas vidas y lastimado a mucha gente con esto”, agregó. “No creo que pase un día sin que se me llenen los ojos de lágrimas”.
En las declaraciones juradas del INS, Eidson fue identificada por algunos de los inmigrantes de la región de los Ozarks. Algunos de ellos dijeron que ella era la que les repartía los pagos semanales.
En la entrevista, Eidson no re-veló el nombre de la compañía para la que trabajaban ella y los inmigrantes de los Ozarks, pero ratificó no haber sido empleada de Tan-Tar-A. “Hay un pez mucho más gordo que freír que yo y esos muchachos”, dijo Eidson refiriéndose a los detenidos.
García Pineda dijo a Adelante que no tenía ningún vínculo co-mercial ni con Snider ni con Tan-Tar-A, y que su sueldo lo pagaba la iglesia. Él ha sido uno de los defensores de los detenidos desde su arresto el 6 de noviembre; los ha visitado regularmente; y se ha comunicado con oficiales por ellos.
“Mi preocupación por los detenidos es que su pobreza los haya obligado a violar la ley de este país y perder su libertad. Cada vez que pienso en las necesidades y preocupaciones de sus familias en México, me indigna. Deseo su libertad”.

Familias ansiosas por novedades
Muchos de los miembros de las familias de los inmigrantes están confundidos acerca del paradero de sus seres queridos, del porqué de su detención y de cuándo serán liberados, dijo Enrique Muruato, un líder de la comunidad latina en Lake of the Ozarks. Muruato ha estado siguiendo sus casos y los ha ido visitando con frecuencia desde sus arrestos del 6 de noviembre.
“Nosotros, como sus amigos y semejantes no nos podemos alegrar por esto, no podemos hacer mucho”, dijo. “Sus familias están siendo afectadas directamente”.
“Es triste”, murmuró. “Es triste, nada más”.

Ann Friedman, reportera de Adelante, contribuyó con esta nota.