Wal-Mart está contra la pared

Inmigrantes presentaron una demanda millonaria

Por Carolyn Szczepanski
Reportera de Adelante
Traducido por Jorge Cornejo Calle

Por más de dos años, Antonio Flores trabajó siete noches por se-mana limpiando un local de la cadena de tiendas Wal-Mart en Piscataway, New Jersey. Aunque trabajaba 60 horas semanales, no recibía pago por horas extras ni tenía derecho a ningún beneficio. En una ocasión en que se cortó con la hoja de un raspador de cera, simplemente le ordenaron seguir trabajando.
En su condición de trabajador indocumentado, Flores tenía pocas opciones. El 23 de octubre el gobierno federal realizó una intervención en la tienda y lo arrestó por su situación de inmigrante ilegal.
Flores es ahora parte de una demanda civil por mil millones de dólares, que sostiene que Wal-Mart contrató con conocimiento de causa a inmigrantes indocumentados y los forzó a trabajar en condiciones que violan las normas estadounidenses sobre el empleo. Como consecuencia de una serie de importantes operativos, el empleador más grande del país enfrenta demandas que podrían sentar un precedente legal al responsabilizar a las grandes corporaciones por los actos de sus subcontratistas.
El 4 de noviembre, Wal-Mart recibió una notificación proveniente de un gran jurado federal en Pennsylvania. Esto confirmó que la compañía se encuentra bajo investigación por incluir a inmigrantes indocumentados en sus equipos de limpieza subcontratados. La compañía podría recibir una multa de hasta 10 mil dólares por cada trabajador indocumentado.
Además de la demanda federal, un equipo de abogados presentó una demanda civil por mil millones de dólares en nombre de docenas de inmigrantes indocumentados y mal pagados. Muchos de ellos fueron arrestados en las intervenciones de octubre.
Los portavoces de Wal-Mart han sostenido que la cadena de tiendas desconocía las violaciones laborales del uso de trabajadores indocumentados.
Pero Mira Mdivani, una abogada de inmigración en Kansas City, afirmó que hay un fuerte precedente legal para las demandas del gobierno y de los inmigrantes.
Según Mdivani, el caso que dará mayor crédito a las demandas contra Wal-Mart es el de Mendoza contra Zirkle Fruit Co., de septiembre de 2002. En él se sostuvo que una compañía es responsable, según la Ley de Organizaciones Corruptas y Extorsivas (RICO, por sus siglas en inglés), si conscientemente utiliza trabajadores no autorizados provenientes de otro contratista.
Según los abogados, esto es directamente relevante para los casos contra Wal-Mart, ya que el gobierno y los grupos de inmigrantes están tratando de establecer una relación entre la cadena de tiendas más grande del mundo y las compañías subcontratistas que utiliza para la limpieza de sus tiendas.
“Eso es lo diferente y satisfactorio sobre este caso”, dijo James Linsey, uno de los abogados que re-presenta a los trabajadores indocumentados. “La investigación criminal está llegando cada vez más arriba, hacia los verdaderos culpables”.
“La idea de que ‘no puedes llegar a mí porque hay capas que me protegen de los actos ilegales’ es exactamente lo que hace un timador”, señaló Linsey. “Pero en el caso de Wal-Mart esa maraña de negaciones está finalmente desentrañándose”.
Las intervenciones de octubre fueron las terceras en cinco años, lo cual implica una repetida violación de la ley. Conversaciones telefónicas interceptadas secretamente su-gieren que ejecutivos de la compañía sabían que los trabajadores contratados eran indocumentados. En todo el país están ahora apareciendo inmigrantes que fueron empleados por Wal-Mart; sin la seguridad de un trabajo sienten que no tienen nada que perder, afirmó Linsey.
“Las huellas de lo que hizo Wal-Mart están por todas partes”, dijo Linsey. “Les va a ser imposible negarlo. No hay forma de que puedan ganar un caso como éste”.
Mdivani señala que la demanda civil tiene grandes posibilidades de éxito porque los demandantes incluyen tanto a trabajadores legales como a ilegales. Las implicancias de este caso, sin embargo, podrían complicarse si se llega a responsabilizar a las compañías por los trabajadores indocumentados. Ello porque aunque muchos negocios a lo largo del país emplean a trabajadores inmigrantes, las inadecuadas leyes de inmigración dificultan que éstos obtengan un estatus legal, dijo Mdivani.
“Una de dos cosas ocurrirá: o un reinado del terror, no sólo contra los inmigrantes sino también contra los empleadores, o que empleadores de todo el país se levanten para pedir al Congreso que cambie las leyes de inmigración”, afirmó.