Asilo político para las víctimas bajo la lupa

Mariana De Maio
Editora Assistente de Adelante

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En 1995, luego de sufrir más de 10 años de abuso, Rodi Alvarado Peña vino a los EE UU desde Guatemala y solicitó asilo.
Declaró ante las autoridades estadouniden-ses que su marido le pegaba hasta dejarla incons-ciente, la violaba repetidamente, dislocó su mandíbula, trató de cortar sus manos con un machete, la pateó en sus genitales, y rompió vidrios y espejos en su cabeza. También expresó que la policía y los jueces de Guatemala le negaron ayuda.
En los EE UU, el caso de Alvarado Peña comenzó un debate que continúa ardiente. Actualmente la ley de asilo permite que mujeres golpeadas puedan obtenerlo y así huir de sus abusadores. Sin embargo, el Procurador General de la Nación John Ashcroft está tratando de excluir este aspecto porque lo considera carente de fundamentación.
En 1996 un juez de inmigración le concedió asilo porque consideró que el abuso sufrido por ella, sumado a la falta de voluntad o capacidad del gobierno para protegerla lo convertía en un caso de persecución. El asilo le fue concedido por pertenecer a un grupo social definido como “mujeres guatemaltecas que han tenido una relación con un hombre guatemalteco, quien creía que las mujeres deben vivir bajo la dominación del hombre”.
La ley actual sólo les permite el asilo a aquellos extranjeros que puedan establecer “un miedo razonable de persecución” en sus países, debido esto a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Reconoce que las víctimas de violencia doméstica podrían reclamar la pertenencia a un “grupo social en particular”. Empero el gobierno apeló a este fallo del juez y en 1999, el asilo fue anulado — pese a que la corte reconoció que esta mujer continuaría siendo abusada y su vida estaría en riesgo si retornara a Guatemala.
En 2001, una de las últimas cosas que hizo la entonces Procuradora General de la Nación Janet Reno fue la anulación de las reglas previamente impuestas e implantó nuevas. Estas reglas hicieron posible que Alvarado Peña y otras mujeres en situaciones similares obtuvieran asilo.
Estas normas jamás se reglamentaron, y el ahora Procurador General de la Nación John Ashcroft está revisando las regulaciones.
Los defensores de inmigrantes están preo-cupados con la actitud de Ashcroft. El Comité de los Abogados por los Derechos Humanos teme a las nuevas regulaciones. Un boletín del grupo advierte que el método de Ashcroft limitará el derecho a asilo de mujeres que escapan de la esclavitud sexual, de las matanzas por honor, de la violencia doméstica, y de otras situaciones que las discriminan. En una carta del 27 de febrero pasado, 49 diputados demandaron a Ashcroft por “no implantar nuevas regulaciones que cambiasen el criterio de dar asilo a las víctimas de violencia basada en su sexo”.
La Federación por la Reforma de la Inmigración (FAIR, en inglés), un grupo que promueve más restricciones en las leyes de inmigración, dijo que “el asilo político no debería ser un asilo social” y que expandir la definición de “grupo social” podría generar un “camino rápido para abusar de la ley de asilo”.
Los defensores de los inmigrantes dicen que, en realidad, este no será un problema, ellos dudan que muchas mujeres soliciten asilo por razones culturales, asuntos legales, ba-rreras físicas y económicas.